Permite a los ciudadanos presentar un recurso contra decisiones administrativas de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras que finalizan la vía administrativa.
Permite a los ciudadanos impugnar actos administrativos de la Dirección General de Función Pública que finalizan la vía administrativa, buscando su revisión por posibles errores o ilegalidades.
Permite a los ciudadanos y empresas recurrir actos administrativos en materia de Digitalización que finalizan la vía administrativa. Es un paso voluntario antes de acudir a la vía contencioso-administrativa.